skip to main content

Extractivism and States of Exception in mineralized territories

Gabriela MarroquĂ­n

31 January, 2018

Extractivism and States of Exception in mineralized territories

This paper presents the ways in which mining causes overflows and concrete practices that can be used by governments in times of escalating hostility when dealing with mining conflicts. Experiences in Guatemala serve to exemplify how to discourse focused on guaranteeing peace and national security allows the mining regime to create zones of exceptionality in the places and bodies that are identified as anti-mining. The security mechanisms try to stabilize a regime that is teetering


Extractivismo y Estados de Excepción en territorios mineralizados

Este artículo presenta las formas en que la minería provoca desbordamientos y prácticas concretas que pueden ser utilizadas por los gobiernos en tiempos de creciente hostilidad cuando se trata de conflictos mineros. Las experiencias en Guatemala sirven para ejemplificar cómo un discurso centrado en garantizar la paz y la seguridad nacional permite al régimen minero crear zonas de excepcionalidad en los lugares y cuerpos que se identifican como anti-minería. Los mecanismos de seguridad intentan estabilizar un régimen que se tambalea.

Introducción

En las últimas décadas, tras el avance sistemático de megaproyectos extractivistas en  América Latina, varios intelectuales de la región señalan y cuestionan la matriz expoliadora y contaminante intrínseca a prácticas como los monocultivos y la minería a gran escala. Autores como Svampa (2010), Acosta (2010) y Gudynas (2009) coinciden en denunciar estas prácticas  por considerarlas  como fenómenos de acumulación por despojo, con un alto impacto ambiental y dudosos beneficios para el “desarrollo”. 

Un modelo empujado por la globalización, con altísimas ganancias para los capitales transnacionales y aceptado por los gobiernos locales como forma de “alimentar” a sus economías, sin un examen previo de  los efectos negativos de estas tecnologías extractivas.   

A decir de Svampa (2013)  este modelo se presenta  tal cual en los distintos países de la región sin importar la denominación política a la que se adhieran.  Tanto gobiernos “progresistas” como “conservadores” coinciden en el reforzamiento del consenso de los commodities. Cuestión que conlleva la profundización de una dinámica de despojo de tierras, bienes naturales y territorios, al tiempo que genera nuevas formas de dependencia y dominación. En  el caso del sector minero se advierte su susceptibilidad a la corrupción (Gudynas, 2017).

Subyace al extractivismo una serie de prácticas que no dependen únicamente de los políticos, sino de una red amplia de actantes que opera para acelerar el funcionamiento de este modelo. Tal es el caso de los  dispositivos tecno-discursivos sobre “la pobreza” y el “desempleo”, que han servido como conceptos organizadores  y objeto de planificación tecnocrática  en la invención de nuevas políticas que pretenden superar estas problemáticas  y en donde se ha abierto un espacio para el modelo extractivo minero (Escobar, 2010).   O las políticas gerenciales de Responsabilidad Social Empresarial (RSE)  que de acuerdo a Holterman (2013) pueden considerarse como  mecanismos de regulación con posibles efectos biopolíticos, puesto que persiguen instalar en el imaginario colectivo a  la minería como una ruta confiable hacia el “desarrollo de una vida de calidad”.

Sin embargo, en la medida en que  tecnócratas, políticos y empresarios no tienen éxito en posicionar firmemente los beneficios, más que las complejidades al interior de las tecnologías extractivas, la resistencia ante estos entramados maquínicos se incrementa.   Surgen entonces otros mecanismos para implantar el modelo minero. En varios países estos mecanismos  han dado un giro claro hacia la “seguritización” de las zonas mineralizadas, que se han convertido en zonas de no ser, de nuda vida, como en el caso de Guatemala que se expone brevemente a continuación.

 Asegurando un territorio rico en minerales

Varios estudios (Yagenova, 2012; Van der Sant,  2009; Castagnino, 2006)   han documentado como a través de consultas comunitarias y de manifestaciones pacíficas las comunidades anti-mineras en Guatemala,  se han opuesto contundentemente a la actividad extractiva, desde el emblemático “Sipakapa no se vende”  hasta el  pacífico “No a la Mina” en la comunidad de la Puya.

Imagen 1: Mantas de la Resistencia pacífica La Puya, conformada por miembros de comunidades de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc. Los comunitarios bloquean  el paso la entrada del proyecto minero El Tambor, de la compañía estadounidense Kappes, Cassiday & Associates. Créditos: Sandra Sebastián.

Sin embargo, estas  comunidades no pueden ejercer libremente el derecho de manifestación, porque son sistemáticamente atacados por las fuerzas armadas o perseguidos y judicializados con figuras penales como “terrorismo” “muchedumbre”  y “asociación ilícita” que resultan desproporcionadas con la gravedad de los hechos (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos [OACNUDH], 2013 y 2014). Estos mecanismos han sido aplicados a los líderes comunitarios, ambientalistas y defensoras/es de derechos humanos que protestan en contra de la minería.  Solamente durante el año 2013 se registraron 61 denuncias judiciales en contra de defensoras/es de derechos humanos, varios de los casos vinculados a conflictos mineros (Unidad de Protección a Defensores de Derechos Humanos en Guatemala [UDEFEGUA], 2014).  Como ejemplo el caso de  Rubén Herrera, miembro de la Asamblea de Pueblos de Huehuetenango por la Defensa del Territorio (ADH), acusado de 12 cargos (entre ellos, terrorismo), y de  26 personas que fueron detenidas en San Rafael las Flores (Minas el Escobal), en abril de 2013, bajo las figuras de delito de muchedumbre y atentado, posteriormente liberadas por falta de mérito (OACNUDH, 2014).

Por otro lado,  se ha identificado que se recurre a dispositivos de seguridad como el  “estado de sitio” y “estado de prevención” como medio para garantizar el orden interno, “la paz” y la “seguridad nacional”, movilizando a las fuerzas armadas hasta las comunidades en resistencia. Ambas figuras apelan a medidas provisorias y excepcionales que implican una ampliación de los poderes del Ejecutivo, instalando la seguridad como paradigma de gobierno y desvaneciendo las diferencias entre paz y guerra (Agamben, 2004).

Giorgio Agamben (2004) advierte que los Estados contemporáneos, incluyendo a los democráticos, requieren del mantenimiento de un estado de excepción permanente que permita el control de la población, a través de la implementación de leyes difusas, programas ambiguos y políticas confusas. Bajo este sistema de seguridad los habitantes de un lugar determinado están constantemente fuera de la ley, expuestos arbitrariamente como nuda vida (sin derechos de ningún tipo) a las disposiciones del soberano.

Investigaciones a lo largo de la región de América Latina han documentado como estos dispositivos de seguridad son utilizados para frenar la protesta e instalar los proyectos mineros.  En Perú, una parte de las disposiciones legales para la explotación extractiva de la Amazonía se impusieron mediante más de cien decretos legislativos, que otorgan al Ejecutivo la posibilidad de decretar “estado de emergencia” justificándolo como mecanismo para “garantizar el orden interno”, movilizando así las fuerzas armadas hasta las provincias afectadas (Pinto 2009, citado en Zibecki, 2015). 

En ese sentido, el extractivismo minero opera a través de una  gama de intervenciones, que incluyen desde mecanismos legales, tecnocráticos, estrategias de marketing y publicidad, hasta espacios de excepcionalidad en el que las prácticas estatales recurren a la intervención policial y militar (discrecional) dirigidas a establecer el control territorial, a partir del cual el cuerpo policial es encargado de administrar y gestionar cosas y cuerpos de modo exclusivo y excluyente. Prevemos una senda ingente para ahondar en la literatura sobre extractivismos y estudios feministas, indígenas y poscoloniales en CTS, como estrategia conceptual e investigativa que podría establecer ciertas rutas para comprender cómo se plantean y deliberan las cuestiones sobre la extracción de bienes naturales, la política de las tecnologías que respaldan al extractivismo y cómo se abordan las consecuencias de la extracción. La mayor parte de la literatura que versa sobre el extractivismo, si bien aporta a su comprensión crítica, no ahonda en su materialidad más allá del mercado.

 

Imagen 2: Mujeres, hombres y niños de San Juan Sacatepéquez manifiestan en las afueras de una cementera ubicada en esa comunidad en un intento por evitar las operaciones de la empresa. Créditos: Sandra Sebastián.

 

Imagen 3: Comunidades de los 32 municipios de Huehuetenango se concentraron en las ruinas de Zaculeu para manifestar su rechazo a la actividad minera en sus territorios. Créditos: Sandra Sebastián

Particularmente, para este trabajo los aportes de Bruno Latour contribuyen en el rastreo y descripción de la conformación socio-material de la minería en Guatemala. A partir del seguimiento de las estrategias y prácticas emprendidas desde los actores interesados en institucionalizar y normalizar las extracciones de minerales en el país. A Latour lo que le interesa develar es que detrás de los hechos, detrás de los artefactos existen distintas interpretaciones,  distintas maneras de realizar la hegemonía y ejercer el poder. Lo cual permitió ver que detrás de cada área examinada existen problemas de conocimiento, experiencia y poder.

 

Gabriela Marroquín.  Magister del programa de Estudios Sociales y Políticos Latinoamericanos, Universidad Alberto Hurtado, Santiago de Chile.